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¿Es seguro un contrato de arrendamientos verbal?

Estar atento antes de negociar el alquiler de una propiedad y conocer los riesgos que implica hacerlo es muy importante en esta época, ya que es una práctica común.


Lo más recomendable siempre será que después de evaluar las condiciones de un contrato de arrendamiento, éste se concrete por escrito con la firma de ambos involucrados. Sin embargo, la palabra también tiene un valor moral y que afortunadamente está amparado por las leyes actuales.


Realizar contratos verbales puede ser viable conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo tanto las partes pueden acordar condiciones siendo vinculantes y obligatorias. Sin embargo, hay que blindar muy bien la negociación y recordar los dichos populares: “Las palabras se las lleva el viento” y “no lo conoces bien hasta hacer el negocio”.


Lo que comúnmente pasa es que, al no llevar un contrato por escrito, cuando hay un conflicto alguna de las partes no se acuerda con precisión lo negociado o simplemente uno de ellos puede actuar de mala fe cambiando lo acordado.


Es por ello, que al iniciar los conflictos suele suceder que se intente llevar el acuerdo verbal a escrito para finalizar el problema o establecer reglas claras y evitar las preocupaciones. Tal como lo establece en el artículo 37 de la LAU: Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato de arrendamiento.


Los casos más comunes de riesgos y vulnerabilidad de los derechos de los arrendadores o inquilinos en caso de elegir acuerdos verbales se describen a continuación:

  • El inquilino podría aprovecharse de no pagar las cuotas de alquiler. En este caso el arrendador no debería tomar decisiones sin consultarlas con un asesor legal, pues pudiera cometer errores graves que llevarían al arrendado a aprovechar la situación para demandar por daños y perjuicios, solicitando inclusive una indemnización.

  • El arrendador podría creer que aceptar un contrato verbal lo mantiene al margen de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La realidad es otra; pues nadie se salva de la ley porque la desconozca o use otros caminos para evadirla. El inquilino bien podría conservar los recibos de pago o comprobantes de transferencias bancarias, con la finalidad de que a la hora del conflicto o cuando se pretenda ejecutar la rescisión se apegue a la LAU.

  • El inquilino se sentiría cómodo al pensar que pudiera abandonar el inmueble arrendado antes de lo acordado. Debe saber que en ese caso el arrendador vería viable protegese con la LAU y exigir el pago de los meses que restan.

  • El inquilino tiende a pensar que un contrato verbal dificultaría las condiciones para ajustar la renta por no existir cláusulas establecidas por escrito. Esto es un error, ya que con el uso de los recibos o comprobantes de transferencias, se lograría demostrar el inicio del contrato y el arrendador ejecutaría el ajuste a la renta con base a las condiciones establecidas en la LAU.

  • El inquilino corre el riesgo de que no se le devuelva el depósito de garantía. Este riesgo aumentaría más si hay un conflicto o mala intención por parte del arrendador.

  • Sería más difícil tratar ciertos conflictos. Dado que no existen normas y reglas formales dentro del acuerdo, es común que se pase por alto, manejar aquellas que tienen que ver con reformas o arreglos de la propiedad, lo que con seguridad generaría áreas de grandes complicaciones entre las partes.

  • Para el arrendatario la informalidad traería riesgos importantes si actúa de manera fraudulenta. Si no declara la relación de arrendamiento y sus ingresos a la hacienda pública, el inquilino podría buscar obtener beneficios fiscales estipulados en la LAU y apuntar a la sanciones hacia el dueño de la propiedad.

Ante lo planteado, es recomendable que los alquileres estén respaldados por un contrato escrito, pues no es aconsejable estar desamparado legalmente. Este trabajo solo lo puede realizar un abogado especialista en el área de arrendamientos.