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Arrendamientos Turísticos en España han creado normas dispares


En 2017 España fue considerado el segundo país más visitado del mundo después de Francia y superando a Estados Unidos. Según las estimaciones realizadas por Turespaña y las estadísticas aportadas por las encuestas de FRONTUR y EGATUR del Instituto Nacional de Estadística (INE) ese año se recibieron 82 millones de turistas.


La demanda de alquilar una vivienda ocasionalmente, porque resulta más económico y práctico que un hotel o posada, fortaleció otro tipo de mercado que se ha convertido en una importante fuente de ingresos económicos.


Este creciente fenómeno ha permitido que en muchas ciudades los propietarios puedan participar en este mercado, incluso en las mismas condiciones de grandes empresas hoteleras. Además, ha concentrado una red de inmuebles arrendados exclusivamente para efectos vacacionales en España con una escala de precios que varía según la zona y que permite atender a todo tipo de público.


Sin embargo, por carecer de una regulación exhaustiva esta situación positiva para la economía española por los ingresos que genera el turismo, también trae consigo efectos negativos como: problemas de convivencia vecinal, saturación y deterioro de los espacios públicos, entre otros factores que bien ya tenía cubierto la red hotelera.


Dada la amplitud y complejidad de la materia, la constitución española otorga la facultad a cada comunidad autónoma para regular la actividad turística en su artículo 148.1.18, es por esto que cada una de ellas ha desarrollado un marco regulatorio que se ajusta a sus intereses en lo referente a los arrendamientos urbanos de uso turístico o vacacional.


Esta autorregulación o hacerlo cada una con alguna particularidad ha generado en el mercado español una multiplicidad de tratamientos jurídicos y en algunas oportunidades no llegan a normar la parte de arrendamientos urbanos para el sector turístico, por lo que en estos casos se suele aplicar lo estipulado en el (art. 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero la mayoría de las veces resulta insuficiente.


EL artículo 5.e) de la LAU establece:


“e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”.


Es importante tener en cuenta que en España hay más de 100 normas vigentes muy distintas que intentan regular de alguna manera el creciente fenómeno social que trae consigo la actividad turística y de arrendamientos en este sector, con normativas en oportunidades muy laxas y confusas por la diversidad de conceptos utilizados de manera estatal.


Adicionalmente, son diversas las responsabilidades, incumplimientos y sanciones por lo cual, tanto propietarios como arrendadores deben estar asesorados por profesionales en la materia, para garantizar una buena información, pues las preguntas son muchas, y sobre todo centradas en saber diferenciar que se puede considerar un apartamento turístico y cuál sería la normativa vigente según la zona para su arrendamiento.


Lo cierto es que los arrendamientos turísticos han creado también un desorden en la normativa y reglas pocos claras, que en algún momento deben ser organizadas en una sola.